En
el ámbito del derecho, tener o no pruebas hace la diferencia entre
ser encontrado culpable o inocente. Las investigaciones que se
realicen para encontrar esas pruebas debieran permitir descubrir una
realidad ajustada a una verdad que se respalden con elementos
fehacientes, palpables material e intelectualmente. A partir de allí,
solo en base a ello, se podrá establecer la responsabilidad del
acusado. Todo lo demás serán opiniones interesadas de las partes en
disputa.
Eso
es, en realidad, una expresión de deseos, una teoría del
funcionamiento del Poder Judicial, una idealización correcta pero
pocas veces concretada con fidelidad en lo cotidiano. Porque ese
Poder, como cada institución del Estado, está atravesado por la
ideología y los intereses de las personas que ejercen las cargos
destinados a aplicar las leyes. Los jueces, fiscales y defensores no
nacieron a la vida judicial desde la nada, sino trayendo sus
idearios, sus pertenencias de clase y sus prejuicios morales (o
inmorales).
En
nuestro País, el Poder Judicial está constituído, en su mayor
parte, por herederos. Los apellidos de los jueces se suelen repetir
desde hace más de cien años, a los que se agregan los paracaidistas
sin prosapia en sus apellidos, pero con pretendidas intenciones de
sumarse al “selecto” grupo de estos “nobles” de la
“Justicia”.
A
partir de eso, poco es lo que se puede pretender de estos personajes
a la hora de “hacer justicia”, con las honrosas excepciones que
se deben salvaguardar. A las pruebas (justamente) nos debemos
remitir, cuando desde hace años la persecusión judicial se ha
convertido poco menos que en un deporte de los poderosos, socios
indiscutibles de los jueces enquistados en los despachos
tribunalicios, que cumplen con fruición su labor destructiva del
honor de decenas de acusados sin pruebas, pero culpables.
El
trabajo de demolición de la verdad no la concretan solo los jueces y
fiscales y sus mandantes del Poder Real. Para que el resultado de sus
causas sin fundamento jurídico tengan el “éxito” que necesitan
para sus intereses, el “jurado popular” de “la gente”, como
remedo del cine yanqui y sus ilusorias pantomimas leguleyas,
determina la culpabilidad de los acusados gracias al gran ojo
investigador de los medios, que con sus “periodistas-fiscales”
les proveen de las inventadas “pruebas”, casi siempre
consistentes en opiniones de sabiondos de paneles vergonzosos en
programas televisivos que destilan brutalidad e ignorancia.
Mientras,
detrás de este entretenimiento pseudo-jurídico, pasan las
verdaderas corrupciones, donde los perversos evasores de las leyes y
el dinero se regodean con los botines que obtienen con la
destrucción del estado de derecho, del desarrollo soberano y la
justicia social. Para cuando llegue la reacción popular, tendrán,
casi seguro, otros jueces sentados en los despachos de los miserables
tribunales de la In-justicia.
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